El Certificate of Entitlement que necesitas para matricular un coche en Singapore vale en torno a cien mil dólares singapurenses, solo el permiso, antes del precio del vehículo. No es un error tipográfico ni una exageración. Es la consecuencia más visible de una política de control del tráfico que Singapore lleva aplicando con consistencia desde los años noventa.
El sistema funciona por subasta. Cada mes se ponen a disposición del público un número limitado de COEs, los interesados pujan, y el precio lo fija el mercado. Si la demanda sube, el precio sube. Si baja, baja. El gobierno no fija el precio: fija cuántos coches pueden circular, y deja que el mercado decida quién puede permitírselos.
El resultado es que Singapore tiene uno de los índices de motorización privada más bajos de cualquier ciudad comparable en ingresos per cápita. No por cultura ni por preferencia espontánea, sino porque tener coche es un lujo de varios cientos de miles de dólares que la mayoría de la población no puede o no quiere asumir. El metro absorbe lo que en otras ciudades absorben los coches.
Los expats recién llegados que vienen de ciudades donde el coche es la normalidad tardan un tiempo en entender que aquí el coche es una declaración económica. Quien tiene uno lo sabe, quien no lo tiene también lo sabe, y el sistema de transporte público está diseñado precisamente para que la segunda opción sea funcional y no humillante.
El COE es una de las pocas políticas urbanas que ha conseguido lo que prometía: calles más despejadas, menos contaminación local, un sistema de transporte público financiado por la demanda. Que cueste lo que cuesta es parte del mecanismo, no un defecto. Singapore eligió que ciertas cosas fueran caras en lugar de que todas fueran peores, y el tráfico es el ejemplo más claro de que esa elección tiene consecuencias reales.